Crearán cuentas básicas para fomentar el ahorro

El nuevo instrumento buscará que la población con ingresos más acotados y que normalmente se desempeña en el sector informal pueda administrar sus ahorros a través de cuentas bancarias. Esta nueva propuesta consistirá en una cuenta de ahorro que podrá ser abierta en bancos y cooperativas de intermediación financiera por personas físicas nacionales o extranjeras no residentes.
 

La cuenta estará denominada en pesos uruguayos o Unidades Indexadas (UI) y solo admitirá retiros y depósitos en efectivo, así como pagos mediante débito bancario. La suma de los depósitos mensuales no podrá superar las 7.000 UI (unos $ 18.290 a la cotización actual) y su saldo de cierre del mes no podrá exceder las 24.000 (hoy unos $ 62.710).
 

Debido a las limitaciones operativas que tendrán, se aplicarán "procedimientos de debida diligencia simplificados a los efectos de la apertura", informó a El País el intendente de regulación financiera de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central, José Antonio Licandro.
 

La elección del público objetivo está en línea con el plan de inclusión financiera del gobierno. El jerarca dijo que se identificó que esa población no tiene cuentas bancarias porque -al no tener una fuente de ingreso formal- les "son difíciles de cumplir" los requisitos vinculados a control de lavado de dinero y combate al narcotráfico para abrir cuentas.

Si bien no se realizó un estudio de demanda, Licandro dijo que algunas de las ventajas de este nuevo instrumento con respecto a las cuentas de depósito comunes es que "con datos mínimos" -como nombre, dirección, teléfono y número de documento de identidad-, las personas podrán incorporarse al sector financiero como ahorristas. "Al ser cuentas limitadas en sus montos y movimientos, los riesgos en términos de que sean usadas para lavado de dinero o financiamiento del narcotráfico son muy menores y hoy en día son aceptadas sus aperturas por los organismos internacionales que se dedican a este combate", dijo Licandro.
 

El hecho de que las cuentas solo puedan estar denominadas en moneda nacional busca restringir aun más la probabilidad de que, aun con bajos montos, se usen con esos fines ilícitos, ya que "cualquier operación vinculada" al lavado suele requerir estar denominada en moneda extranjera.

Licandro señaló que otra ventaja de estas cuentas es que sus titulares podrán acceder también a tarjetas de débito para realizar pagos electrónicos y eventualmente el banco que capte su ahorro podrá ofrecerle otros servicios (como préstamos y tarjetas de crédito).
 

Los valores que la autoridad prevé establecer como topes en saldos y en movimientos mensuales, "fueron considerados en función de parámetros generales como el ingreso per cápita y otros elementos que surgen de la comparación de otras experiencias en la región", señaló Licandro. Esas aproximaciones luego serán "contrastadas con la vida práctica, una vez que estas cuentas estén operativas", agregó.
 

Por otra parte, el Central sigue afinando una nueva normativa que creará bancos minoristas y corresponsales bancarios. A los bancos minoristas, les requerirá un capital mínimo de 65 millones de UI (unos $ 169,8 millones hoy, la mitad de un banco normal), pero con un requerimiento de capital por riesgo de crédito mayor (12%). Esos bancos no podrán recibir depósitos en cuenta corriente bancaria girables mediante cheques ni recibir depósitos de no residentes y podrán dar créditos al público exclusivamente en moneda nacional. Se prevé que si las redes de cobranza se convierten en corresponsales financieros la cantidad de locales de atención al público aumentará de 336

sucursales bancarias a 1.354.

 

Pago de sueldos electrónico
 

Para avanzar en su plan de inclusión financiera, el Ministerio de Economía pretende hacer obligatorio el pago electrónico de sueldos, para lo que enviará un proyecto de ley al Parlamento. Ese proceso será gradual e implicará que el cobro sea a través de una cuenta bancaria, una tarjeta prepaga o bien otros instrumentos electrónicos. Se está pensando por tanto en generar una licencia de emisor de dinero electrónico, que sería otorgada por el Banco Central (por ejemplo, a redes de cobranzas). Se prevé que el empleado pueda decidir con qué institución e instrumento cobrar.