Proyecto de ley de cobranzas: ¿organiza o destruye la actividad?

Se trata de un asunto que, de llegar a ser realidad, afectaría la industria de la cobranza y, aún peor, la actividad crediticia en general, perjudicando a empresarios, solicitantes de crédito y miles de trabajadores, que en su mayoría laboran en esta actividad como operadores de call centers, técnicos de sistemas, funcionarios de atención a clientes y hasta mensajeros.

Estamos hablando, claro, del proyecto de Ley 146/2011 Cámara que se encuentra en espera de ponencia para primer debate y que pretende regular la actividad de la cobranza extrajudicial en Colombia. Este proyecto, que es el resultado de una loable pero, en nuestra opinión, desenfocada intención de su ponente, establece aspectos tales como:

1. Finalización de la cobranza. El deudor, mediante un escrito dirigido al gestor de cobranza extrajudicial, podría presentar su negativa a la continuación del proceso de cobro. Esto significa que la persona que así lo quiera, aún sin razones lógicas para sustentar su petición, puede impedir al acreedor ejercer su derecho de solicitar el pago de la obligación vencida.

2. Horarios y lugar de recepción de comunicaciones. Se da la oportunidad al deudor que para que sólo pueda recibir llamadas dentro de los horarios laborales y en su domicilio, estableciéndose, además, que sólo podrá haber comunicación en cuanto se haga directamente con el deudor.

Así la entidad que realiza la cobranza resulta impedida para realizar su gestión. Supongamos el caso de un empleado que inicia su horario laboral a las 8 am y finaliza a las 5 pm, llegando a su residencia, a las 6 pm. Pues respecto de este empleado simplemente no existirá posibilidad de acercamiento, ya que no se le puede llamar a su oficina, ni dejar mensajes con terceros en su domicilio.

Aclaramos que los mencionados son solo dos de los aspectos que trae la norma, en la que, además se establece que la 'protección' por ella regulada se hace extensiva a personas jurídicas deudoras.

Así pues, de seguir adelante este proyecto de ley, graves y profundas serían las consecuencias de su implementación en los siguientes aspectos:

1. Acceso al crédito. Entidades dedicadas al otorgamiento de crédito y peor, aún al llamado microcrédito, endurecerían sus políticas de riesgo y exigencias de garantías para la protección del pago de sus obligaciones, pues es bien sabido que el cobro de obligaciones, especialmente de bajos montos por la vía judicial resulta, las más de las veces inocuo y extremadamente costoso para el acreedor que lo intenta, haciendo que algo que busca proteger a los deudores tenga efectos contrarios a su intención inicial.

2. Gestión de cobranzas. La entrada de vigencia de la ley en la forma en que se encuentra redactado el proyecto significaría dictarle una sentencia de muerte a esta industria que tantos puestos de trabajo genera, en particular para personas de los estratos menos favorecidos de la sociedad que derivan su sustento de la realización de la gestión de cobranza y que, muy seguramente, no tendrían otra manera de acceder al mercado laboral.

3. Justicia. Bien sabido es que el mayor porcentaje del pago de las deudas se logra a través de la labor de cobro prejurídico y de asestarse este golpe a esa actividad, la decisión de los acreedores sería que ante el vencimiento de las obligaciones en las que sea factible, se acuda inmediatamente al proceso ejecutivo congestionando aún más nuestro aparto judicial.

Visto lo anterior no nos queda otra alternativa que presentar nuestros votos porque este proyecto de ley sea desechado en su trámite legislativo e instar a buscar nuevos caminos que, en vez de reprimir la actividad crediticia y sus actores, propugnen por garantizar el acceso al crédito de cada vez más colombianos.